Viernes, 23 Febrero 2018
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Anti-Semitismo

Anti-Semitismo

No lo ven como algo justo, ni tampoco tienen la certeza de un por qué. Una ola de antisemitismo está golpeando desde comienzos de año a Estados Unidos, donde numerosos centros judíos han recibido más de 100 amenazas de bomba y sufrido ataques a cientos de tumbas en cementerios.

Según la Asociación de Centro Comunitarios Judíos de Norteamérica, más de 80 de sus centros padecieron intimidaciones telefónicas, detectadas en 33 estados de EE.UU. -y 2 provincias canadienses durante enero, febrero y marzo.

Esos centros comunitarios judíos recibieron llamadas para desalojar sus instalaciones, entre las cuales se encuentran colegios, por amenazas de bomba que acabaron siendo falsas.

Además, la vandalización de un cementerio judío de Rochester (Nueva York), que se registró el pasado jueves, supone el tercer asalto a cementerios judíos en el país.

Esta destrucción de lápidas se suma a las cientos de tumbas que fueron destrozadas en los cementerios judíos de Filadelfia y Saint Louis (Misuri), adonde se desplazó la semana pasada el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, a condenar esos actos.

El director regional en Nueva York de la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), Evan Bernstein, ha asegurado que la actual ola de antisemitismo en el país norteamericano es “sin precedentes”. De momento, el único detenido por 8 de las 100 amenazas es Juan Thompson, un hombre afroamericano de 31 años de edad que ha mostrado a través de sus redes sociales su rechazo al presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, y que mantenía una campaña para hostigar a su expareja haciéndose pasar por ella para intimidar.

El sospechoso, detenido en el estado de Misuri y acusado de acciones de acoso cibernético con una sentencia máxima de cinco años de cárcel, trabajaba como periodista para el portal de investigación informativa Intercept, pero fue despedido el año pasado.

El director ejecutivo del Instituto para el Estudio de Antisemitismo Global y Política (ISGAP), Charles Asher Small, aseguró que el antisemitismo actual proviene tanto de la extrema derecha, que se ha reforzado en EE.UU., como de la extrema izquierda.

Las elecciones presidenciales de noviembre pasado, que ganó Trump, supusieron el surgimiento del “alt-right”, un movimiento de extrema derecha relacionado con un sentimiento anti-inmigración, el antisemitismo y un desprecio por la corrección política.

Varios miembros prominentes del “alt-right” han apoyado activamente a Trump e incluso uno de sus grandes líderes, Steve Bannon, es el estratega jefe de la Casa Blanca. “Los ataques a los que nos enfrentamos ahora no tienen sus orígenes en el Gobierno de Trump, pero es cierto que los discursos antisemitas, contra otras minorías e inmigrantes son peligrosos”, añadió Small, en referencia a los polémicos comentarios del magnate sobre algunas minorías.

Tras recibir críticas por no condenar las acciones contra los judíos estadounidenses, Trump inició este martes su primer discurso ante el Congreso condenando el antisemitismo como una forma de odio y maldad.

“Las recientes amenazas contra los centros comunitarios judíos y el vandalismo de los cementerios judíos (…) nos recuerdan que, si bien podemos ser una nación dividida en políticas, somos un país que condena el odio y el mal en todos sus formas”, dijo el presidente.

El Buró Federal de Investigación (FBI), que se reunió este viernes con asociaciones judías, aseguró en un comunicado que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia está investigando “posibles violaciones de los derechos civiles”.

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  • Exigen control

    Decenas de personas, la mayoría estudiantes de escuelas del área metropolitana de Washington, se manifestaron ante la Casa Blanca para pedir un mayor control de armas tras el tiroteo que dejó 17 muertos en una escuela secundaria de Parkland (Florida).

    En varios turnos, distintos grupos de estudiantes se tumbaron en la Avenida Pensilvania, justo delante de la Casa Blanca, durante 3 minutos cada vez, para simbolizar el poco tiempo que tardó el autor del tiroteo de Florida, Nikolas Cruz, en comprar el rifle semiautomático AR con el que perpetró la matanza.

    Al quedarse inmóviles en el suelo, los estudiantes también querían representar a las víctimas de los numerosos tiroteos registrados en escuelas o centros educativos del país en los últimos años. “Queremos enviar un mensaje a los políticos, decirles que tienen que hacer algo ante esto, que es su responsabilidad, porque ellos dan voz al pueblo y nosotros somos el pueblo”, dijo una de las organizadoras de la protesta, Eleanor Nuechterlein, a la cadena de televisión local WUSA9.

    Después del tiroteo de Florida en días pasados, Nuechterlein y una compañera suya del penúltimo curso de un instituto de Washington, Whitney Bowen, crearon un grupo en Facebook llamado “Adolescentes a favor de una reforma de las armas”, y comenzaron a planear la manifestación. Inicialmente, su idea era formar junto a unos amigos un grupo de 17 personas, una por cada víctima mortal del tiroteo en Florida, y tumbarse frente a la Casa Blanca para exigir acción al presidente estadounidense, Donald Trump, y el Congreso.

    Pero, tras publicar la convocatoria en Facebook, unas 120 personas mostraron interés en ir, por lo que decidieron formar grupos para tumbarse ante la residencia presidencial.

  • Un pequeño paso

    El presidente Donald Trump da un pequeño paso hacia el control de armas tras el tiroteo en Florida.

    El presidente Donald Trump, dio un pequeño paso hacia un posible refuerzo del control de armas en Estados Unidos al respaldar un proyecto de ley sobre el tema, en un cambio de postura después de obviar el asunto durante más de un año en su respuesta a los tiroteos en el país.
    Trump, que durante la campaña electoral se alió con quienes se oponen a cualquier límite a la posesión de armas de fuego en Estados Unidos, hizo una leve concesión a quienes han clamado por un mayor control del armamento a raíz del tiroteo que dejó 17 muertos en una escuela secundaria de Parkland (Florida).
    Lo hizo al apoyar un proyecto de ley presentado en noviembre por el senador republicano John Cornyn y el demócrata Chris Murphy, que tendría un alcance limitado porque solo trataría de aumentar la eficacia de la base de datos nacional sobre antecedentes criminales, para impedir que las personas allí incluidas puedan comprar armas. “El presidente habló con el senador Cornyn sobre el proyecto de ley bipartidista que presentaron el senador Murphy y él para mejorar el cumplimiento a nivel federal de la legislación de vericación de antecedentes criminales”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un comunicado.
    “Aunque las conversaciones continúan y se están considerando cambios (al proyecto de ley), el presiden- te apoya los esfuerzos para mejorar el sistema federal de verificación de antecedentes”, añadió.
    Ese gesto supone un cambio en la posición de Trump, que durante su presidencia solo ha tomado una medida relacionada con las armas: la rma, hace un año, de una ley que suspendía una regulación del expresidente Barack Obama para impedir que las personas con problemas mentales puedan acceder a la compra de armamento. Trump apoya a la Asociación Nacional del Rifle (NRA), un poderoso grupo de presión que se opone a cualquier límite a la posesión de armas en Estados Unidos, y el año pasado prometió a esa organización que tendrían “un amigo en la Casa Blanca”. Sin embargo, su anuncio no supone una traición a la NRA, dado que ese grupo aseguró en noviembre que no se oponía al proyecto de ley de Cornyn y Murphy.
    De hecho, el plan de los senadores no buscaría aumentar el tipo de control de antecedentes de armas que se hace a posibles compradores, del que actualmente están exentos, en la mayoría de los estados, aquellos clientes que negocien con vendedores sin licencia, como los que operan a través de Internet o en ferias de armas. La propuesta de Cornyn y Murphy tiene un objetivo más modesto: fortalecer la base de datos del Sistema Nacional Instantáneo de Vericación de Antecedentes Criminales (NICS, en inglés), utilizado por el FBI para comprobar en cuestión de minutos si alguien que solicita comprar un arma ha cometido algún delito. Esa base de datos está incompleta, porque algunos estados y agencias federales no cumplen el requisito de informar al NICS cuando condenan a un sospechoso de un crimen.
    El proyecto de ley daría incentivos nancieros a los estados que informen al NICS de cualquier condena criminal, además de aplicar el requisito ya existente de que las agencias federa- les transmitan a esa base de datos la información que ten- gan sobre esas sentencias.
    El apoyo de Trump podría generar un impulso para ese proyecto de ley que muchos expertos consideran el único capaz de salir adelante en el actual Congreso, controlado por los republicanos.
    Pero no está claro que el debate en el Congreso pueda mantenerse una vez que des- aparezcan los titulares sobre el tiroteo en Florida.
    En octubre pasado, después de que un tiroteo en un concierto en Las Vegas dejara 58 muertos y 489 heridos, la Casa Blanca armó que daba “la bienvenida a un debate” sobre la posibilidad de restringir la venta de unos dis- positivos usados en ese ata- que, y que permiten que las armas de fuego puedan dispararse más rápido.
    No obstante, el debate sobre la regulación de esos mecanismos, llamados en inglés “bump stocks”, nun- ca cobró fuerza en el Con- greso, y muchos estadounidenses son escépticos de que el liderazgo de Trump baste para lograr que el Senado dé prioridad al control de armas.

  • Venden muerte

    Se comete un crimen cada media hora con un arma de Estados Unidos. en países cercanos

    Un arma procedente de Estados Unidos se utilizó en un crimen cometido en los países cercanos cada 31 minutos entre 2014 y 2016, según un informe publicado por el Center for American Progress.

    El estudio pone de manifiesto la incidencia de las armas de fuego que tienen su origen en Estados Unidos sobre la actividad criminal de 15 países del entorno, concretamente de las regiones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El centro apunta la laxitud y la debilidad de las regulaciones en esta materia por parte de Estados Unidos -más relajadas que en otros Estados del entorno-, así como el elevado inventario de armas de fuego existente en el país.

    Estos dos factores son calificados como “contribuyentes clave” en el flujo de armas a través de las fronteras de EE.UU., según refleja el trabajo, titulado “Más allá de nuestras fronteras: cómo la débil regulación de armas de EE.UU. contribuye al crimen violento en el extranjero”.

    En este sentido, cifra en 50.133 el número de armas que fueron recuperadas a causa de investigaciones criminales en estos países durante el período de 2014 a 2016.

    El trabajo también enfatiza que una gran parte de estas armas fueron legalmente exportadas, ya que Estados Unidos es uno de los principales vendedores de estos artículos a nivel mundial, con un promedio de casi 300.000 unidades al año, según las estimaciones recogidas en el texto. En algunos de estos países se recolectaron más armas que en muchos estados estadounidenses; es el caso de México, donde entre 2014 y 2016 se obtuvieron 33.000 armas de esta procedencia, una cantidad superior a la de todos los estados durante ese periodo, a excepción de California, Florida y Texas. En ese lapso, las autoridades de Canadá y El Salvador se hicieron con más armas estadounidenses que 20 estados del país. Entre 2011 y 2016, en México fueron recuperadas más de 106.000 armas involucradas en crímenes, de las que el 70 % procedían de los Estados Unidos, según los datos del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

    Sin embargo, éstas solo representan parte de la cuantía que realmente cruza la frontera sur, ya que solo recoge las que fueron obtenidas durante investigaciones criminales y que fueron remitidas a la ATF para su rastreo.

    Las estimaciones manejadas en el informe cifran en 213.000 la cantidad de armas que pasan de Estados Unidos a México cada año ilegalmente.

    De las armas procedentes de territorio estadounidense que fueron recogidas entre 2009 y 2014 en México, la mayoría provenían de tres estados sureños: Texas (41 %), California (19 %) y Arizona (15 %). Precisamente, México alcanzó en 2017 el nivel más alto de homicidios de los últimos 20 años con una proporción de 20,5 asesinatos por cada 100.000 personas; en 1997, el 15 % de estos eran cometidos con armas de fuego, mientras que en 2017 la cifra fue del 66 %.

    Pero el flujo de armas estadounidenses no solo se dirige hacia el sur y de las 8.700 recolectadas en Canadá entre 2011 y 2016, el 98,5 por ciento eran originarias de EE.UU.

    En Centroamérica, entre 2014 y 2016 resaltan los casos de Panamá, donde un 47 % de las recuperadas en crímenes fueron compradas en EE.UU.; en El Salvador, el 49; en Honduras la cifra fue del 45 %.

    El trabajo también esboza una serie de recomendaciones con objeto de evitar que estas prácticas prevalezcan, controlando la venta y compra.

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