Miércoles, 23 Enero 2019
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México apela a los derechos humanos para frenar la migración.

Desarrollo económico, derechos humanos y soberanía integran la receta de México para frenar la migración centroamericana, aunque haya sorprendido la aceptación del regreso de extranjeros a este país mientras tramitan el asilo a Estados Unidos.

“Deseamos mantener una relación de entendimiento y amistad con el Gobierno de Estados Unidos y, al mismo tiempo, defender los principios de la política exterior de México”, apuntó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su rueda de prensa matutina. Para el líder izquierdista, que asumió la Presidencia el 1 de diciembre, la base de su política migratoria consiste en cambiar de paradigma, de la contención al respeto de los derechos humanos de los miles de migrantes, la mayoría centroamericanos, que cada año atraviesan México en busca del sueño americano. “Debemos ser defensores de derechos humanos y en todo momento dar protección a los migrantes”, subrayó.

En base en este principio, se han dado numerosos anuncios que, en esencia, buscan “resolver el problema de la migración forzada”.

México y Estados Unidos informaron, en una declaración conjunta, de inversiones multimillonarias en Centroamérica y el sur de México para fomentar el progreso al tiempo que se frene la migración.

Un día después, y coincidiendo con la ratificación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas, se anunció este nuevo enfoque migratorio, más garantiste, que ayudará en especial al Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras.

Las alarmas entre algunos sectores saltaron cuando México pareció entrar en el juego de Estados Unidos al aceptar que permanezcan en territorio mexicano los migrantes que irregularmente entren por la frontera común, incluidos los solicitantes de asilo, mientras estos completan sus procedimientos migratorios en EEUU.

En pleno apogeo de las caravanas migrantes que cruzaban México, hace un mes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó esta nueva medida.

Por ello, el anunció sorprendió y desató múltiples críticas. Pero desde el Ejecutivo han afirmado, una y otra vez, que esta decisión responde a la “soberanía” y a las “razones humanitarias”.

“La política de México no son las deportaciones de estas personas”, apuntó el canciller de México, Marcelo Ebrard, en rueda de prensa. A su vez, desmintió una vez más que ello implique un cambio en la política migratoria que convierta México en un Tercer País Seguro. “Ser Tercer País Seguro implicaría que todo el tramite migratorio con Estados Unidos se llevaría a cabo desde México”, apuntó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que habló de políticas migratorias “opuestas” respecto a las de Estados Unidos.

De acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos del ministerio de Gobernación, Alejandro Encinas, actualmente hay 4.000 migrantes centroamericanos en Tijuana pertenecientes a las caravanas. Y México tiene un retraso de más de 28.000 solicitudes de refugio que analizar y tramitar. Todo ello se suma a la espiral de violencia que vive el país, que la pasada semana acabó con la vida de dos migrantes hondureños en Tijuana. Despierta dudas sobre la viabilidad de México de atender a más migrantes y garantizar sus derechos constitucionales, incluso entre los propios organismos públicos.

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Tonatiuh Guillén, indicó que su dependencia “no podría atender” la nueva decisión “en el corto plazo”, por falta de capacidad operativa.

Para la directora de la ONG Sin Fronteras, Ana Saiz, estas medidas anunciadas por México son preocupantes por varios motivos.

“Estamos pidiendo que haya una planeación muy congruente e integral por parte del Gobierno mexicano a la hora de formular la política migratoria”, dijo. Lamentó la “falta de comunicación” entre ministerios y que el proyecto de presupuesto para el próximo año esté “descobijado para cumplir las obligaciones mínimas” en materia migratoria. Sobre Estados Unidos, consideró que con esta decisión vulnera el principio de “no devolución” que garantiza que cuando una persona solicita asilo en un país, pueda permanecer en él.

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