Miércoles, 17 Enero 2018
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Grupo armado irrumpe en una fiesta y mata a 5 personas en México

Grupo armado irrumpe en una fiesta y mata a 5 personas en México Destacado

Al menos cinco personas murieron, entre ellos una joven de 16 años, y 15 personas más quedaron heridas tras el ataque de un comando en una fiesta en una comunidad del municipio de San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente de Guerrero, al sur de México.

El ataque se registró aproximadamente a la 01:30 a.m. (hora local) de este domingo en la comunidad de San Antonio de la Gavia, zona que, tras el ataque, se mantiene resguardada por personal de seguridad de los tres niveles de gobierno, de acuerdo con el reporte oficial de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del estado.Los pobladores del lugar estaban reunidos en la fiesta y feria por la celebración del santo de su comunidad, San José.
Hasta el lugar llegaron al menos 30 hombres armados y dispararon a los pobladores.
Dentro de las cinco personas asesinadas, dos pertenecían al grupo musical que amenizaba la fiesta patronal.
Entre las 15 personas lesionadas hay al menos dos jóvenes de 17 y 23 años de edad, así como una mujer de la tercera edad, todos originarios de dicha comunidad y del poblado Tierra Blanca, del municipio de Pungarabato, también de la región de la Tierra Caliente.
Las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales públicos y privados de tres municipios de la misma región, y otros fueron trasladados al Estado de México por la gravedad de las heridas.
La zona está resguardada por oficiales de los tres niveles de gobierno, incluido del Ejército mexicano.
La región de la Tierra Caliente, colindante con Michoacán, ha sido escenario en lo que va del año de enfrentamientos armados ente dos grupos criminales que operan en la región, y que de acuerdo con el fiscal de Guerrero, Xaviel Olea Peláez, pertenecen la organización criminal conocida como 'La Familia Michoacana'.
En enero pasado fueron secuestrados 22 pobladores, entre ellos cinco profesores, en los municipios de Arcelia y Ajuchitlán del Progreso, esto en dos hechos distintos, y quienes seis días después fueron liberados por sus captores, que pertenecían a una de las dos bandas criminales que se disputan la zona.

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  • Desfalco de Borge

    Hasta 900 millones de pesos, es solo una muestra del posible desfalco atribuido a Roberto Borge.

    El presunto quebrando al erario público de 900 millones de pesos (mdp) que ya tiene al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge en prisión preventiva en el penal federal de Morelos, no es el único desfalco que se atribuye a su gestión.

    En su contra pesan otras acusaciones por las que se asegura que el monto del quebranto en la entidad durante la administración borgista, podría ser mayor a esa cantidad, y por la cual, la Procuraduría General de la República (PGR), lo acusa de lavado de dinero. En la audiencia que se celebró este jueves en un juzgado federal, las autoridades presentaron 86 pruebas para demostrar la presunta enajenación de 22 predios propiedad del estado, los cuales fueron vendidos en 238.7 mdp, cuando su valor real era de 1,138 mdp. En la exposición que hicieron los fiscales federales se explicó que la venta de predios, ubicados en zonas privilegiadas de la región turística, se realizó a través del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado (IPAE) a personas cercanas y familiares del ex mandatario.

    En febrero del año pasado, la PGR informó del aseguramiento de 25 inmuebles relacionados con las ventas ilegales realizadas durante la gestión del expriista, los cuales estimó en ese momento tenían un valor superior a los 5,000 mdp, pero en la audiencia del jueves, los inmuebles dados a conocer fueron 22 y la cantidad del desfalco disminuyó a 900 millones de pesos.

    En una entrevista que dio el secretario de la Contraloría del estado, Rafael Del Pozo a Expansión días después de aquel aseguramiento señaló que se trataba de penas una pequeña muestra, pues aseguró que si bien se había presentado una denuncia por 850 hectáreas, la enajenación podría alcanzar hasta 9,500.

    Esto, puntualizó, corresponde únicamente a las operaciones realizadas a través del IPAE, pues hubo otras que se realizaron a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi).

    A nivel estatal, el ex gobernador también tiene un proceso

    pendiente. La Fiscalía General del estado lo acusa directamente de un quebranto al erario de 3,000 mdp. Pero, de acuerdo con documentos integrados a las investigaciones, tan solo en los años de 2015 y 2016, los señalamientos en contra de Borge por las irregularidades cometidas durante su gestión superan los 16,000 mdp y contemplan varios ‘modus operandi’ que van desde el despojo de bienes a través de juicios laborales amañados hasta la creación de un programa fachada para el campo a través de una de las dependencias estatales.

    Estos posibles desfalcos se realizaron a través de una red de más de 80 personas, entre funcionarios, familiares y personas cercanas al ex mandatario,

    incluso, la Auditoría Superior del Estado (ASE) en agosto pasado presentó 27 denuncias contra 84 ex funcionarios que están relacionados con un desfalco de casi 12 mil millones de pesos. El monto del desfalco se realizó a través de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) de donde presuntamente se hizo el desvío de 4,800 mdp que estaban dirigidos al campo, pero nunca llegaron.

    Otra vía para el desfalco fue la puesta en marcha de obras inexistentes, que quedaron incompletas o que se pagaron a sobrecosto. Esto presuntamente se operó desde la Secretaria Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), donde se detectó un posible desvío de 1,500 mdp.

    Las revisiones a las cuentas públicas de los dos últimos años del ex mandatario también dieron cuenta de un posible desvíos en la Secretaría de Finanzas de 2,464 mdp, de los cuales 1,000 se habrían destinado al pago de taxis aéreos a través de empresas de personas cercanas a Borge.

  • Crecieron las exportaciones

    Más exportaciones agroalimentarias de México a Canada
    El valor de las exportaciones agroalimentarias de México a Canadá aumentaron un 10% en los primeros nueve meses de 2017, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Hasta septiembre, el valor de las exportaciones agroalimentarias totales de México a Canadá ascendieron a 1.397 millones de dólares estadounidenses, frente a los 1.536 millones de dólares del mismo periodo del año anterior, informó la Sagarpa.
    La institución prevé que las exportaciones a esa nación lleguen a los 2.000 millones de dólares en ventas agroalimentarias.
    La balanza comercial en los primeros nueve meses de 2017 tuvo un superávit para México de 476 millones de dólares, un 7 % más que en el mismo periodo del pasado año, cuando la balanza comercial fue favorable para México en 445 millones de dólares. Durante este lapso, los principales productos de exportación del sector agroalimentario mexicano a Canadá fueron aguacate, cuya venta aumentó un 37 % en comparación con el año pasado, las frambuesas y zarzamoras, 26 %; fresas frescas; 62 %; coliflores y brócoli, 273 %, y arándanos frescos, 127 %.
    Por su parte, las importaciones provenientes de ese país, socio de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aumentaron 11 % en el periodo enero-septiembre de este año en su comparación anual, hasta situarse en 1.060 millones de dólares.
    En los primeros nueve meses del año, los principales productos que se importaron de Canadá fueron semillas de canola, trigo y mostajo, entre otros. México se encuentra inmerso en un proceso de diversificación comercial a raíz de la renegociación del TLCAN, que comparte con Estados Unidos y Canadá, impuesta por el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, que llegó a calificar este convenio de “desastre” para la economía estadounidense.
    México destina más del 80 % del total de sus exportaciones a Estados Unidos, por lo que un cierre desfavorable de dicha negociación del tratado podría afectarlo gravemente.

  • Rechazo de Ley

    Cientos marchan para exigir a Peña Nieto vetar polémica Ley de Seguridad.

    Cientos de mexicanos marcharon hacia la residencia oficial del presidente Enrique Peña Nieto para exigirle que vete la Ley de Seguridad Interior, recién aprobada por el Congreso, que formaliza el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

    Convocados por el colectivo de derechos humanos Seguridad Sin Guerra, formado por familiares de víctimas de la violencia, académicos y delegados de unas 140 agrupaciones civiles, unos 500 manifestantes partieron al mediodía del monumento conocido como Estela de Luz hacia la residencia presidencial de Los Pinos. “Peña, fascista, veta la ley golpista” y “Queremos paz, queremos paz, contra la guerra y la impunidad, queremos paz” eran algunos de los lemas que coreaban los manifestantes, en su gran mayoría jóvenes, durante el trayecto de casi cuatro kilómetros.

    La actriz de teatro Lilian Lara dijo dijo haberse sumado a la movilización porque la ley es “inconstitucional”. “¿Por qué entonces todos han votado a favor. Ahí hay una incongruencia muy grande. De lo que habla es de represión y de un absurdo gigante”, manifestó tajante. Con 262 votos en favor, 25 en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados ratificó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con las modificaciones enviadas por el Senado y lo envió al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.

    La ley reafirma la función del Estado para preservar la seguridad interior e indica que, a nivel local, se podrásolicitar la intervención de laFederación ante problemasde seguridad y obtener unaDeclaratoria de Protección.

    Esta declaratoria deberá precisar la vigencia de la participación de la Policía Federal o de las Fuerzas Armadas, que no podrá exceder un año, pero con la posibilidad de prorrogarse si hay justificación.

    Si las amenazas a la seguridad representan un “grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones”, el presidente podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.

    Los militares asumieron tareas de seguridad pública en la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el Gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012).

    El nuevo ordenamiento ha causado gran controversia. Mientras para algunos es una forma de regular el papel de los militares en actividades que llevan realizando una década, para otros perpetúa su presencia en las calles en un país con 150,000 muertes vinculadas al crimen organizado en ese lapso y más de 30,000 desaparecidos. Antes del aval legislativo, Amnistía Internacional se sumó a la exigencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones civiles “de generar un diálogo nacional” para defender los derechos humanos. La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Elisabeth Throssell, calificó de “lamentable” la aprobación e indicó que la posición del alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, es que el principal defensor de la seguridad nacional debe ser la Policía no las Fuerzas Armadas.

    El grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano anunció que presentará en la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la ley, al considerar que “esconde la intención de militarizar el país”. A su vez, la CNDH reiteró su “preocupación porque el contenido de la Ley de Seguridad Interior contravenga o propicie que se vulneren los derechos humanos” y anunció que estudiará presentar por su parte una acción de inconstitucionalidad.

    Un sondeo reveló que 59 % de los mexicanos apoyan que los militares participen legalmente, al considerar que están mejor preparados, además de la debilidad de las policías municipales, coludidas con criminales, es una de las razones que alegan quienes favorecen la presencia.

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